Radar de Compliance

29 Octubre, 2026

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Las novedades regulatorias y las actuaciones recientes de las autoridades muestran cómo los riesgos de cumplimiento evolucionan más allá de las obligaciones expresamente previstas en la ley.

Durante las últimas semanas, los avances en protección de datos personales, inteligencia artificial, prevención de lavado de dinero y sanciones internacionales han puesto de relieve la necesidad de que las empresas conozcan no sólo las reglas aplicables, sino también los riesgos que pueden surgir de sus decisiones comerciales, el uso de nuevas tecnologías y las relaciones con terceros.

En esta edición analizamos cinco desarrollos relevantes para el entorno empresarial y las medidas que conviene considerar para anticipar riesgos y fortalecer los programas de compliance.

Prevención de lavado de dinero: la UIF realizará el proceso de certificación en 2027

El 2 de octubre de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el proceso de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigido a quienes realizan Actividades Vulnerables, se llevará a cabo durante 2027.

La decisión responde a las modificaciones al marco normativo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), particularmente a las Reglas de carácter general publicadas el 7 de agosto de 2026, que entrarán en vigor el próximo 30 de noviembre, con excepción de las disposiciones sujetas a plazos específicos.

La certificación está prevista en el artículo 34 Bis de las Reglas y puede ser obtenida por personas físicas que realizan Actividades Vulnerables y por Representantes Encargados de Cumplimiento. Tiene una vigencia de cinco años y no constituye un requisito general obligatorio para realizar Actividades Vulnerables.

La UIF publicará oportunamente la convocatoria con los requisitos, temario, etapas y fechas del procedimiento.

Integridad y anticorrupción: el caso del INE destaca la importancia de gestionar conflictos de interés y proteger a quienes denuncian

En octubre de 2026, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentó señalamientos públicos sobre posibles irregularidades en la contratación de proveedores y presuntos conflictos de interés. En ese contexto, Guadalupe Taddei dejó la presidencia del Instituto.

El 27 de octubre, la consejera electoral Rita Bell López Vences declaró que recibió presiones y mensajes amenazantes de terceros después de cuestionar determinadas contrataciones y solicitar información. Relacionó esos episodios con personas cercanas a la entonces presidenta, sin afirmar que Taddei la hubiera amenazado directamente. También señaló que había proporcionado información a diversas instancias, incluida la Contraloría. Por su parte, Taddei negó la existencia de conflictos de interés y solicitó que las contrataciones fueran revisadas por los mecanismos institucionales competentes.

Más allá del caso concreto, estos hechos ponen en evidencia riesgos que también pueden presentarse en empresas privadas: relaciones personales o comerciales con proveedores, decisiones de contratación sin suficiente transparencia y temor a represalias al reportar posibles irregularidades. Una relación con un tercero no demuestra por sí misma una conducta indebida, pero puede requerir su revelación, evaluación y gestión.

¿Qué recomendamos?

Establecer mecanismos para declarar y actualizar los conflictos de interés reales, potenciales o aparentes, fijar reglas claras de abstención cuando corresponda y documentar la selección de proveedores, las autorizaciones y la supervisión de las contrataciones. La debida diligencia de terceros debe formar parte de estos controles.

Contar con canales de denuncia accesibles, confidenciales y, cuando sea posible, anónimos, acompañados de medidas efectivas contra las represalias y procedimientos de investigación imparciales. La utilidad del canal depende de que las personas confíen en que sus reportes serán atendidos, que la información será protegida y que podrán señalar preocupaciones de buena fe sin sufrir consecuencias adversas.

Protección de menores: el Senado aprueba nuevas obligaciones para plataformas digitales

El 20 de octubre de 2026, el Senado de la República aprobó una reforma a los artículos 8, 12 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), con el objetivo de reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

La reforma propone que los responsables del tratamiento de datos personales de menores obtengan el consentimiento expreso y por escrito de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, establezcan mecanismos de verificación de edad y adopten medidas para limitar la recopilación de información a los datos estrictamente necesarios para las finalidades correspondientes.

Asimismo, busca reforzar la aplicación de los principios de protección de datos personales, privilegiando el interés superior de la niñez frente a los intereses comerciales.

La propuesta es relevante para plataformas digitales, aplicaciones, comercios electrónicos y empresas que ofrecen productos o servicios a menores de edad o que pueden recopilar sus datos personales.

Es importante señalar que la reforma todavía no es obligatoria. Tras su aprobación por el Senado, fue remitida a la Cámara de Diputados para continuar el procedimiento legislativo.

¿Qué recomendamos?

En caso de ofrecer servicios digitales se debe identificar si recopilan información de menores, cómo obtienen y documentan el consentimiento correspondiente y qué mecanismos utilizan para verificar la edad de sus usuarios. También conviene evaluar si los datos recopilados son proporcionales a las finalidades del servicio.

La implementación de mecanismos de verificación de edad no debería traducirse en una recopilación excesiva de documentos de identidad, imágenes o datos biométricos.

Anticipar estos ajustes permitirá prepararse ante una eventual reforma y fortalecer la protección de la información de usuarios especialmente vulnerables.

México y Estados Unidos refuerzan acciones contra las redes empresariales del Cártel del Noreste

El 13 de octubre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro personas físicas y once entidades presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN).

Las designaciones alcanzaron a personas y empresas relacionadas con actividades aparentemente legítimas, incluyendo carreras de caballos, construcción, transporte de carga y comercialización y transporte de combustibles. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estas estructuras habrían sido utilizadas para facilitar operaciones del grupo criminal, movilizar recursos y financiar sus actividades.

En coordinación con las autoridades estadounidenses, la UIF realizó investigaciones financieras, fiscales y corporativas, identificando indicadores de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisiciones de bienes de alto valor y operaciones inconsistentes con los perfiles económicos declarados.

Las autoridades mexicanas también adoptaron medidas preventivas de bloqueo de cuentas vinculadas con los sujetos identificados.

El caso resulta especialmente relevante porque demuestra que las organizaciones criminales pueden utilizar empresas formalmente constituidas, contratos comerciales y actividades económicas ordinarias para introducir o movilizar recursos ilícitos.

¿Qué recomendamos?

Reforzar los procesos de debida diligencia de clientes, proveedores, contratistas y socios comerciales, particularmente cuando operan en sectores o regiones con mayor exposición a actividades de delincuencia organizada.

No basta con verificar si una contraparte aparece directamente en una lista de sanciones. También resulta relevante conocer su estructura de propiedad y control, identificar a sus beneficiarios controladores y evaluar vínculos con personas designadas.

La coordinación entre las funciones de compliance, compras, finanzas y operaciones es fundamental para identificar y escalar señales de alerta antes de que una relación comercial se convierta en una contingencia legal, financiera o reputacional.

Inteligencia artificial: nuevos estándares iberoamericanos para proteger datos personales

El 25 de septiembre de 2026, la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) aprobó los “Estándares Iberoamericanos sobre el uso de datos personales en sistemas de inteligencia artificial”, un instrumento orientador que busca establecer criterios comunes para proteger la información personal durante el desarrollo y utilización de estas tecnologías.

Los Estándares abordan riesgos que pueden presentarse durante todo el ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial, desde la recopilación de datos y el entrenamiento de modelos hasta su utilización para generar perfiles, predicciones o decisiones sobre las personas.

Entre los aspectos relevantes destacan la necesidad de contar con una base legítima para utilizar datos personales, evitar tratamientos excesivos, prevenir sesgos y discriminación, garantizar transparencia y establecer mecanismos efectivos de supervisión humana cuando se utilicen sistemas automatizados para tomar decisiones que puedan afectar a las personas.

Un aspecto especialmente relevante es que la información disponible públicamente no puede utilizarse libremente para entrenar modelos de inteligencia artificial por el solo hecho de ser accesible. También debe analizarse el uso que los proveedores tecnológicos pueden hacer de los datos que reciben de sus clientes.

Aunque estos Estándares no son jurídicamente vinculantes y no crean nuevas obligaciones en México, ofrecen una referencia sobre cómo aplicar los principios de protección de datos personales a tecnologías que ya forman parte de numerosas operaciones empresariales.

¿Qué recomendamos?

Identificar qué herramientas de inteligencia artificial utilizan y qué datos personales se incorporan a ellas, especialmente en procesos de recursos humanos, atención a clientes, evaluación de riesgos y toma de decisiones comerciales.

También conviene revisar los contratos con proveedores tecnológicos para determinar si pueden utilizar la información recibida para entrenar o mejorar sus propios modelos, establecer controles sobre el acceso y la conservación de datos y evaluar los riesgos de decisiones automatizadas que puedan afectar a las personas.

La adopción de inteligencia artificial no debería depender exclusivamente de las áreas tecnológicas. Su utilización requiere la participación de las funciones jurídica, de protección de datos, seguridad de la información y compliance.

Estos casos reflejan distintos niveles de riesgo: algunos anticipan posibles cambios regulatorios, otros establecen criterios de referencia y otros muestran consecuencias concretas de las actuaciones de las autoridades.

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